El nacimiento en el año 2007 de la Ley de la promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia supuso un indudable avance social ya que se trata de un sistema de prestaciones de carácter público y universal dirigido hacia los más débiles de nuestra sociedad, aquellas personas que por razones derivadas de la edad, enfermedad o discapacidad, necesitan de la ayuda de otras personas para realizar las denominadas Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).

La activación del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAAD) debería de haber generado la aparición de un nuevo colectivo de trabajadoras y trabajadores con un empleo de calidad en consonancia con la importancia de su labor y convertirse en útil instrumento contra el desempleo. Pero la realidad es que se trata de un sector laboral muy precarizado, poco valorado social y económicamente, con bajas retribuciones y un gran desconocimiento general de cuales son las funciones que deben de realizar las auxiliares de ayuda a domicilio y hasta donde abarcan sus responsabilidades, no se debe confundir dar un servicio con ser sirvientes.

La externalización llevada a cabo por la mayoría de las administraciones ha significado que se desentiendan de un servicio publico y su vertiente laboral, ha sido sistemática la vulneración de derechos de muchas trabajadoras de la ayuda a dependencia que cobran en muchos casos entre 4 y 5 euros por hora mientras el coste del servicio está estimado en 13, quedándose grandes empresas el resto como beneficios.

Lamentablemente estas concesionarias parecen más interesadas en recortar los derechos de las trabajadoras que en prestar un servicio eficiente a la ciudadanía. Suelen ser frecuentes los atrasos en el cobro de las nóminas, los incumplimientos de convenios y se recurre a argucias para no abonar los pluses de desplazamientos y festivos, o lo que es peor, en muchas ocasiones se utiliza a estas trabajadoras en enfrentamientos entre administraciones de distinto color político.

Es inadmisible que haya empresas que se beneficien con dinero público mientras mantienen en una situación de precariedad laboral y de vulneración de derechos a las trabajadoras. Con el objeto de garantizar la calidad en la atención, se está abordando la progresiva profesionalización del colectivo, pero esta debe ir acompañada de una dignificación de las condiciones sociolaborales en que se ejerce la profesión con una nueva política de gestión que conlleve mayor reconocimiento, remuneración y calidad en el empleo. Desde Izquierda Unida lo tenemos claro, es necesaria una atención directa y 100% pública.

Debemos evitar que una empresa privada haga negocio con un asunto tan delicado consiguiendo a la vez un ahorro de gastos para las arcas públicas. Es fundamental cuidar a las cuidadoras, aquellas personas que tienen la importante labor de garantizar la mejora de la calidad de vida de la parte mas débil de nuestra sociedad y visualizar estas ayudas como fundamentales e intocables, de la misma manera que algunos damos por descontado el derecho a una sanidad y a una educación pública.

El camino es largo y no exento de complicaciones, pero el objetivo claro, un servicio de carácter público y universal, con garantías laborales, y con la calidad que nuestros dependientes necesitan y se merecen.


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